Al año 2015, en el mundo solo existen 58 países que aún mantienen la pena capital, encontrándose la mayoría de ellos en el Medio Oriente, África y Asia, solo 4 países en América y uno en Europa, en contraste a los 141 países que han abolido esta pena.

La pena de muerte no reduce los delitos graves, según el informe del año 2012 de la Academia de Ciencia de los Estados Unidos y lo dicho el año 2016 por la Organización Amnistía Internacional, donde ambas instituciones coinciden, además, que no existen evidencias fehacientes de que exista una correlación entre ambas; la pena de muerte y el delito.

El año 2014, en El Salvador, país de alta tasa de criminalidad y violencia, expertos han señalado que la pena de muerte no ha disminuido este flagelo tal como lo esperaba la ciudadanía, señalando, además, que, si bien la demanda de la población es debido “a la baja o nula confianza en las autoridades” que no logran reducir el alto número de homicidios y otros delitos, finalmente está comprobado “que en naciones donde sí tienen esta medida, esta no ha tenido un impacto directo en las estadísticas sobre el crimen”, y que la pena de muerte se traduce como “un acto de venganza de un pueblo dolido por la sensación de inoperancia de las autoridades”.

En Chile a partir del dramático caso de la pequeña Sophia, la impotencia e indignación ciudadana no puede dar pie a populismos legislativos y/o alimentar debates en los medios sobre la pena de muerte de manera irresponsable, sin los debidos resguardos de los resultados de la evidencia y la debida reflexión, ya que una sociedad debe estar cimentada en los pilares de la racionalidad y actuar bajo los mínimos estándares internacionales sobre la materia.