La Alta Comisionada de DD.HH., Michelle Bachelet, pidió este lunes a los países que limiten en el tiempo las medidas excepcionales contra el coronavirus para evitar un «desastre» para los derechos humanos.

«La vulneración de derechos, tales como la libertad de expresión, puede causar daños incalculables al esfuerzo orientado a contener a la COVID-19 y sus nocivas repercusiones socioeconómicas», dijo Bachelet en un comunicado.

La ONU está particularmente preocupada por las medidas y leyes en algunos países que «contienen referencias a delitos que no están bien definidos, a veces sancionados con dureza, lo que fomenta la preocupación de que esas normas puedan usarse para amordazar a la prensa y detener a críticos y opositores».

«Habida cuenta de la índole excepcional de esta crisis, es evidente que los Estados necesitan poderes adicionales para hacerle frente. Pero, si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos», con efectos negativos prolongados, añadió.

«Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder», advirtió Bachelet.

Manual de derechos humanos

La Oficina de Bachelet ha recibido denuncias que indican que la policía y otros cuerpos de seguridad se han extralimitado en el uso de la fuerza para obligar a la población a respetar el confinamiento y los toques de queda vigentes en unos 80 países.

Las medida excepcionales de cualquier tipo «deben servir ni más ni menos» que para frenar la pandemia, dijo una responsable de comunicación de la Oficina de la alta comisionada, Peggy Hicks, durante una rueda de prensa virtual en el que se presentó un manual para orientar a los gobiernos sobre cómo aplicar las medidas de emergencia respetando los derechos humanos.

Los sectores más pobres de la sociedad han resultado de manera general los más afectados por los abusos, a pesar de que en algunos casos se trataba de personas que salieron a la calle en un intento desesperado por obtener alimentos.

En el manual se considera inaceptable e ilícito disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque ha violado un toque de queda.

Asesinatos y detenciones

Esto ha ocurrido en varios países, llegando a extremos en Nigeria, donde 18 personas fueron asesinadas supuestamente por violar el confinamiento, en acciones perpetradas por las fuerzas del orden. En Sudáfrica se ha reportado la detención temporal de 17.000 personas por razones similares, mientras que en Kenia se presentaron más de 150 quejas por abusos policiales.

La directora de Operaciones de la Oficina de Bachelet, Georgette Gagnon, mencionó que se tiene información sobre la detención de 120.000 personas por no respetar el toque de queda en Filipinas.

Desde El Salvador se han recibido también reportes de abusos por parte de las fuerzas de seguridad y del arresto de personas en instalaciones abarrotadas e insalubres, mientras que en Honduras la Policía se habría excedido en la disolución de protestas en las que la gente reclamaba acceso a bienes y servicios básicos.

En términos de detenciones, Gagnon indicó que 35.000 habrían ocurrido en República Dominicana y unas 50.000 en Perú. Los propios centros de detención o prisiones a los que los detenidos son conducidos pueden ser lugares de alto riesgo de contaminación, se ha advertido.

er (afp, efe, epd) Fuente: DW