Al irnos acercando a la fecha de la realización de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 25, fecha en la cual, los ojos del mundo estarán centrados en este sur de mundo para seguir paso a paso el debate sobre el futuro de la humanidad y del planeta, que, llevarán a cabo las más altas autoridades y representantes de los Estados de los 5 continentes, y al que se esperan aproximadamente 25 mil visitantes, Chile en su calidad de país anfitrión, sin duda, que deberá enfrentar un gran desafío, el dar cuenta de la preocupante tendencia de asesinatos a líderes y defensores del medio ambiente.
De acuerdo al dramático balance realizado de la Organización Global Witness, el pasado año 2018, se cometieron 164 crímenes en el planeta contra quienes defienden el medio ambiente y 83 de ellos, vale decir, un poco más poco más de la mitad de éstos, sucedieron en América Latina, encabezando la lista Colombia con 24 asesinatos, Brasil con 20, Guatemala con 16 y México con 14, vale decir, 3 asesinatos promedio por semana.
El año 2017, las cifras daban a Brasil con 46, Colombia con 32 y México con 15 personas.
Tal como señala el prestigioso informativo alemán, Deutsche Welle, en el artículo publicado en su sitio Web: Global Witness: 164 defensores ambientales fueron asesinados en 2018, y describe la compleja situación que deja en la más absoluta indefensión a quienes defienden la tierra y sus recursos:
Demandas civiles para “reprimir” el activismo ambiental
GW subraya que la criminalización y las demandas civiles se están utilizando para “reprimir” el activismo ambiental y la defensa de los derechos a la tierra en todo el mundo, incluso en países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido.
La lucha por la defensa de la tierra y el ambiente criminaliza cada vez más en todo el mundo a los activistas ambientales, según GW, que documenta por primera vez “el uso y abuso de leyes y políticas” para intimidar a defensores, familias y comunidades.
En promedio, más de tres activistas fueron asesinados por semana y son los grupos indígenas los que están en “primera línea de ataque de los sistemas judiciales, las instituciones y las organizaciones que los protegen”.
“La situación de los defensores de la tierra y el ambiente empeorará”
Aunque el informe recoge datos de 2018, GW advierte de que al momento de redactarlo (julio de 2019), “hay señales preocupantes de que la situación de los defensores de la tierra y el ambiente empeorará”.
El listado completo incluye a Filipinas (30), Colombia(24), India (23), Brasil (20), Guatemala (16), México (14), República Democrática del Congo (8), Irán (6) y Honduras (4).
Seguidos por Ucrania (3), Venezuela (3), Camboya (3) Kenia (2), Gambia (2), Chile (2), Pakistán, Senegal, Sudáfrica e Indonesia con uno respectivamente.
Señala GW, que, sin embargo, es probable que el número de activistas asesinados sea mayor, porque a menudo no se registran los casos y rara vez se investigan, y las agresiones vienen sobre todo de la industria de la minería e industrias extractivas (43), la agroindustria (21), la protección de las fuentes de agua y las represas (17) y la explotación forestal (13).
Asimismo, nueve están relacionados con la caza ilegal, dos con la pesca, uno con la energía eólica y siete con otras causas.
Impunidad
Irónicamente, los defensores son criminalizados por defender sus tierras y bienes, mientras quienes destruyen sus territorios y asesinan a los activistas medioambientales, “generalmente escapan al castigo”.
El estudio ha documentado “por primera vez el uso y abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a los defensores, sus familias y comunidades” y vincula a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los asesinatos. Mientras, según GW, “actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes fueron los presuntos agresores en 40 muertes”.
En este marco, la francmasonería universal, institución que se destaca por su permanente trabajo en la promoción y difusión para el irrestricto respeto y defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, miembro de ECOSOC de Naciones Unidas a través de su organismo CLIPSAS, esta preocupante situación, sin duda, como herida abierta en la humanidad, debe ser uno de los temas a ser tratados con prioridad en el seno de la reunión de la COP 25, logrado generar el compromiso de los Estados a otorgar todas las garantías y la protección a las comunidades y defensores del medio ambiente, que, sientan amenazada su integridad como el de su familia.
Por Rafael Reyes.